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La Ley General Tributaria indica cuáles son los derechos y garantías de los contribuyentes/obligados tributarios. Nos vamos a detener en algunos de ellos.

Derecho de información y asistencia. Es una obligación de la AEAT y un derecho del contribuyente el ser informado y asistido sobre el contenido de sus derechos y como puede ejercerlos; Y cuáles son sus obligaciones y cómo cumplirlas. Todo ello se articula por medio de: publicaciones de textos actualizados de normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia, con el envío de comunicaciones, por cumplimentación de las solicitudes de información que realice el obligado tributario, campañas publicitarias, manuales, cartas y folletos, e incluso por medio de un servicio de atención telefónica.

Igualmente el ciudadano puede requerir de la AEAT todo tipo de información de transcendencia tributaria, a través de las solicitudes que realice por cualquier medio, por vía presencial o telemática, cumplimentándolas con los datos necesarios, y a través de los servicios habilitados según la materia tributaria de la que se trate. Generalmente las solicitudes se efectuarán por escrito, acompañadas de la documentación necesaria.

Otros medios son: Las CONSULTAS  TRIBUTARIAS, que están regladas en la propia LGT, y que pueden ser vinculantes o no vinculantes;INFORMACION PREVIA A LA ADQUISION  O TRANSMISION DE INMUEBLES lo que puede tener gran transcendencia a efectos de conocer el valor real de los bienes afectos a los Impuesto sobre Donaciones, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales o Patrimonio; los CERTIFICADOS TRIBUTARIOS a fin de acreditar hechos relativos a la situación tributaria del obligado tributario.

El contribuyente tiene derecho a que las actuaciones ante la AEAT se realicen de la manera que resulten menos gravosa para él; a ser tratado con respeto y consideración; a la reserva y privacidad de sus datos; a conocer la identidad de los funcionarios y autoridades de la Administración Tributaria;  utilizar  las lenguas oficiales de las distintas CCAA del Estado, facilitándosele, si ello fuera necesario, un intérprete; a conocer el estado en el que se encuentran los procedimientos en los que sea parte, aportando cuantos documentos considere necesario, facilitándosele, si ello fuera preciso, copia de los que integren el expediente administrativo; a formular alegaciones, quejas y sugerencias; a obtener devoluciones y reembolso de los costes de aval y de otras garantías aportadas; y a que se le reconozcan los beneficios y regímenes fiscales que resulten aplicables.