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En un procedimiento judicial en el que una de las partes, la vencida, es condenada a pagar las costas del proceso, incluyendo en las mismas los gastos, honorarios y aranceles de  los profesionales intervinientes, le supone una alteración de pérdida en su patrimonio.

El tratamiento fiscal de esta pérdida patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo encontramos en el artículo 33 de la Ley, cuando nos habla de las variaciones patrimoniales  que se pongan de manifiesto con cualquier alteración en la composición del Patrimonio del sujeto pasivo.

En la referida norma hay una serie de excepciones, entre las que no se encuentra este supuesto, y hay unas matizaciones para la no inclusión de ciertas pérdidas, las que señala el apartado 5, como son: las pérdidas no justificadas, las debidas al consumo, las liberalidades, las transmisiones lucrativas por actos inter vivos, o las pérdidas en el juego.

La única duda que podría surgir es en lo relativo a si se podía considerar, el pago de las costas judiciales, como una pérdida por consumo, pero tal criterio habría que desecharlo por no tratarse de un supuesto en el que la voluntad del sujeto pasivo sea la de tener una pérdida. El carácter de ajenidad a la voluntad del  contribuyente es el que hace excluir la pérdida patrimonial del supuesto contemplado en el art. 33.5 de la LIRPF.

Por lo que solo cabe concluir que el pago de las costas judiciales a la que sea condenado un contribuyente es una pérdida patrimonial que forma parte de la base, en este caso negativa, del Impuesto.

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