La tenencia o consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas(que estén incluidas dentro de los Convenios Internacionales) es castigado por el Código Penal por atentar contra la salud pública, motivo más que suficiente para prohibirlo, y en muchos casos para imponer fuertes multas.

A la hora de graduar la posible pena aplicar por tal infracción, se tienen en cuenta aquellas conductas que de alguna manera promueven, facilitan o favorecen el consumo ilegal, por ejemplo el acto de cultivo o la posesión de aquellas sustancias para lograr ese fin.

Otras circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de valorar si se incurre en la comisión del delito en cuestión, es la que nos lleva a valorar la prueba indiciaria, en tanto en cuanto, se tiene en cuenta la cantidad de droga incautada, los medios o instrumentos adulterantes para la posible comercialización, los medios con los que cuenta el sujeto de acuerdo a su posición económica, su condición (o no)de consumidor habitual, etc.

Todas estas circunstancias, con independencia de que haya sentada jurisprudencia acerca de la cantidad máxima “aceptada” para marcar la franja de lo que sería considerado autoconsumo a lo que presupone el animo de poner en venta las sustancias aprehendidas.

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